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El pasado 22 de octubre, en el marco del Día mundial contra el cambio climático, la Procuraduría General de la Nación hizo público un memorando que motiva y recuerda a las autoridades territoriales y corporaciones autónomas regionales a incluir la gestión del cambio climático en los instrumentos de planeación para alcanzar las metas ambientales en el país, como la reducción de emisiones al 51% para el 2030 y la carbono neutralidad para el 2050.   

El memorando No. 017, impulsado por la procuradora delegada para asuntos ambientales y agrarios, Olga Patín, resalta la importancia y necesidad de formular los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales conocidos como PIGCCT, de los cuales solo 13 departamentos los tienen ya formulados, mientras otros están en fase de construcción, reestructuración y búsqueda de fondos. No obstante, los esfuerzos para implementar los ya existentes no han sido suficientes. 

El memorando asímismo, busca que se incorporen estrategias a largo plazo en la gestión de la crisis climática no solo en los PIGCCT, sino también que se incluyan en los planes de desarrollo, los planes de ordenamiento territorial o POT, los Planes de Vida, los PDET, los POMCA y POMIUAC, entre otros instrumentos de planeación. El memorando igualmente reconoce el llamado de acción del más reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático IPCC, ante las nuevas estimaciones sobre las probabilidades de sobrepasar el nivel de calentamiento global de 1.5°C en las próximas décadas, y el imparable aumento del nivel del mar que pone es situación de vulnerabilidad a los 53 municipios costeros que tiene Colombia. 

De igual manera, el memorando reconoce la variedad de instrumentos y estrategias del gobierno colombiano para gestionar la emergencia climática como el CONPES 3700 del 2011, la ley 1523 del 2012 que adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el decreto 298 del 2016 que establece el Sistema Nacional de Cambio Climático, la Política Nacional de Cambio Climático de 2017, la ley 1931 de 2018 que establece los PIGCCT y los PIGCCS, y la estrategia climática a largo plazo de Colombia la E2050, entre otras acciones de mitigación. 

La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios estableció en el memorando unos requerimientos a las autoridades departamentales como la formulación de los PIGCCT con su debido seguimiento de implementación, y que vaya acorde a los lineamientos del SISCLIMA. También insta a las autoridades municipales y distritales a incorporar dentro de sus Planes de Desarrollo y Planes de Ordenamiento Territorial la gestión del cambio climático, teniendo como referencia los PIGCCT y los PIGCCS, Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales. 

Es importante resaltar que el memorando también enfatiza en la implementación de medidas de mitigación de Gases Efecto Invernadero por parte de los departamentos, municipios y distritos, provenientes de los sectores de transporte, infraestructura, energía, vivienda, saneamiento, turismo y desarrollo agropecuario, este último con especial énfasis por ser el de mayor emisiones en el país. 

El memorando insta a los departamentos costeros a que incluyan medidas de adaptación al cambio climático relacionadas con la erosión costera y a la protección de ecosistemas costeros. Además, resalta la importancia de que las Corporaciones Autónomas Regionales, y las autoridades ambientales de los centros urbanos como las secretarías de ambiente o desarrollo sostenible, implementen de manera conjunta con las entidades territoriales los PIGCCT, al igual que pongan en marcha proyectos de adaptación al cambio climático y mitigación de GEI definidos dentro de los PIGCCS. También impulsa a los departamentos a generar de forma participativa las estrategias a largo plazo acorde con la E2050 y alineadas con los PIGCCT. 

Este es un llamado a los gobiernos subnacionales a recordar los compromisos que tienen con los ciudadanos para adaptar los territorios a los desafíos del cambio climático, y a mitigar los impactos de las actividades económicas que afectan la biodiversidad de los ecosistemas y que hacen que Colombia sea uno de los países más vulnerables ante la crisis. 

Desde el proyecto Camino Hacia Carbono Neutral celebramos estas iniciativas para impulsar la gestión de la emergencia climática y animamos a las entidades gubernamentales y corporaciones regionales autónomas a reformular sus metas para que sean más ambiciosas y garanticen el bienestar de todos los colombianos y de los futuros herederos del planeta.